Entrevista a Carlos Beristain, médico, doctor en Psicología y experto en procesos de paz y pos conflicto, quien participó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de las jornadas culturales Colombia-Argentina. La situación de la región, el ejemplo argentino de política de derechos humanos y las diferencias entre el modelo de juicio y castigo y el de reconciliación, fueron algunos de los temas abordados.
Carlos Martín Beristain trabaja desde el 1989 en América Latina. Participó en la redacción del informe “Nunca Más” de Guatemala en investigaciones sobre el impacto de la violencia en las víctimas y en comisiones de la Verdad en distintos países y especialmente en Paraguay, Ecuador y Perú.
Por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que actuó en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y actualmente es miembro de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” que se formó tras los acuerdos de paz entre el Estado Colombiano y las FARC.
Beristain dialogó con el Espacio Memoria en el marco de su visita a la Argentina para la toma de testimonios en el encuentro regional de la red de víctimas colombianas (REVICPAZ-LAC) que se desarrolló entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, organizado por MECOPA, organización de migrantes y exiliados colombianos en Argentina, Memoria Abierta, y la Comisión de la Verdad.
-¿Cuáles son las características de los procesos de paz y postconflicto, y como son las políticas de Justicia y reparación?
-Un proceso de paz tiene dos grandes niveles. El nivel de arriba a abajo, que es un acuerdo político que incluye la desmovilización, la desmilitarización, las condiciones políticas que permiten poner las bases para el des escalamiento del conflicto armado y la finalización de esa dimensión militar del conflicto, y la agenda para la transformación, que es lo que hay que hacer para transformar el país o las causas que han dado origen a ese conflicto armado. Y también hay una dimensión de abajo a arriba: procesos de reconstrucción del tejido social especialmente en sociedades como la colombiana, como el caso guatemalteco, como el caso de Perú en el que la violencia tiene una profunda penetración en el tejido social de los fenómenos como el paramilitarismo, que ha generado una violencia mas horizontal, ha quebrado muchas comunidades, afectos, relaciones. Lo que hay que buscar es que esos conflictos se aborden sin violencia, sin militarización, sin muertes, y que permitan las condiciones de participación política.
-¿Cuánto puede durar un proceso de estas características?
-Son procesos de mediano a largo plazo, las transiciones políticas son más largas de lo que pensamos, no es un tema de 2, 3 o 5 años; cuesta tanto salir de una guerra como los años que duro esa guerra. Son procesos también frágiles en los cuales hay muchos vaivenes, y se necesita una política sostenida de cumplimiento. El acuerdo de paz con las FARC y la institución a la que ahora yo pertenezco, la Comisión de la Verdad, tiene una duración de tres años, con el objetivo de que haya una política sostenida que permita realmente una transformación, aunque sabemos que la actitud del gobierno actual ha sido negativa frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es parte con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de las Personas Desaparecidas. El gobierno ha tenido hasta ahora una actitud ambivalente que no ha llevado a cabo un cumplimiento efectivo del acuerdo y eso obviamente bloquea muchos de los esfuerzos que se están tratando de hacer en torno a la búsqueda de esa salida política al conflicto y a la transformación que Colombia necesita.
-¿Cree que a la luz de las protestas más actuales de Colombia se puede decir que con el proceso de Paz se pasó de tener una conflicto armado a un conflicto más político, como en el resto del continente?,
-Hay una dimensión del conflicto armado que sigue vigente, grupos paramilitares siguen teniendo el control territorial en muchos lugares del país hay disidencias de las FARC, limitadas pero activas, no hay un acuerdo de PAZ con el ELN, hay una llegada de las redes de narcotráfico a lugares en los cuales estaban las FARC y que no han sido ocupados por un Estado civil responsable que dé cuenta y acompañe a las comunidades en los proyectos de erradicación de cultivos ilícitos, de desarrollo rural etc. El riesgo en esta Colombia son los sectores que quieren volver a una lógica antiterrorista, que prometen más guerra y más pobreza para los próximos años. La esperanza son los muchos sectores de la sociedad que están movilizándose en las últimas semanas, que unen el desarrollo positivo para Colombia pensando también en el futuro, en las nuevas generaciones, al horizonte del acuerdo de paz y eso creo que es una energía positiva. El malestar en América Latina se está expresando de muchas maneras.
-¿Cómo ve desde su experiencia el retorno a la escena política de los militares en Latinoamérica?
-La veo muy negativa, preocupante, América Latina no puede estar condenada a ese retorno al pasado de las fuerzas más oscuras y de las formas de control del ejército sobre la política. Vivimos en contextos en los que el poder ha perdido el miedo, o mejor dicho, ha perdido la vergüenza. Mi esperanza o mi expectativa frente a eso es que esos intentos vienen después de experiencias de muchos pueblos que no se van a dejar arrebatar conquistas, logros de la gente que ha tenido una experiencia diferente y que a pesar de que el autoritarismo vuelve a brotar en diferentes escenas en el mundo, en Europa también, siempre basadas en el miedo al otro, el estigma del refugiado, del diferente, del que protesta, el estigma político, hay una experiencia acumulada que no va a dejar que eso siga adelante. Aunque sabemos que el autoritarismo es dos cosas, por un lado es el uso del miedo y el terror pero también busca formas de legitimación porque el miedo sirve para controlar un tiempo pero siempre el poder trata de construir una versión de la historia que legitime la acción, sea señalando al otro o sea generando una representación de la realidad creando ciertas condiciones que ayuden a legitimar. Creo que estamos en un momento difícil en el mundo en general: tenemos un presidente de Estados Unidos que convierte al migrante de México en un terrorista, en alguien que uno puede atacar señalar, tenemos los estigmas políticos de otras épocas, ese “en algo andarán” de Argentina, el señalamiento del comunista, al negro, al migrante, el refugiado. Necesitamos sociedades que sean más conscientes de eso, que no se dejen arrastrar en esas formas de representación de la realidad dominante a través de los medios de comunicación que que tratan de construir una historia en la que esto se legitime.
-¿Qué piensa del rol de la Comisión Interamericana de DDHH y en general de los organismos internacionales frente a esta nueva oleada de violaciones de derechos?
-Los mecanismos internacionales de supervisión de derechos humanos son fundamentales, el informe que la CIDH hizo sobre Argentina puso el caso de los desaparecidos en la escena. Esa dimensión internacional sigue siendo clave y es una conquista que no se puede perder; pero como decía antes, creo que en muchos países algunos sectores de poder han perdido la vergüenza; el ser señalado en un informe de derechos humanos sobre la situación del país por sí mismo tal vez ahora tenga menos fuerza de lo que tenía antes, porque hay muchas estrategias de normalización de esas acciones.
-¿Cuál es el beneficio de formar comisiones investigadoras independientes?
-Fui parte de una comisión en México que investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el caso Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, creada por la CIDH, un equipo de 5 personas que investigamos el caso de los jóvenes desaparecidos y mostramos cómo esa representación de la realidad que se había construido alrededor del caso por parte del gobierno de México, de que los jóvenes habían sido confundidos con narcotraficantes, que habían sido quemados en una pira infernal en un basurero durante 12 horas, no se correspondía con la realidad. Eso lo hicimos gracias a que se creó este nuevo mecanismo que mostró su independencia y su capacidad profesional y que tuvo un fuerte polo a tierra con las víctimas.
-Muchas veces se toman como dos modelos antagónicos, el argentino del juicio y castigo y el sudafricano de la reconciliación. ¿Cree que las realidades de los diversos países implican soluciones distintas?
-Hay demandas universales que son válidas para todos los lugares pero fórmulas que son diferentes en función de los contextos y las condiciones políticas que permiten llevar a cabo eso. Primero porque los conflictos son diferentes, no es lo mismo una violencia y una represión política sufrida en el caso argentino en que los actores fundamentales son agentes del Estado; de lugares en los que, como Perú, las víctimas de Sendero Luminoso eran tan numerosas o más que las víctimas del aparato del Estado. Hay situaciones en términos de implicaciones en el tejido comunitario, los enfrentamientos dentro de las propias comunidades las consecuencias que han tenido, eso lleva a procesos que son diferentes.
-¿También se diferencian por el tipo de víctimas?
-Hay que ver la dimensión de las responsabilidades. En casi todos los conflictos armados, la mayor parte de las víctimas -75% en el Perú, 84% en Guatemala- , fueron los grupos excluidos, sectores indígenas o en el caso Colombiano afrodescendientes indígenas o campesinos, porque hay una violencia masiva que tiene ese ámbito rural, a diferencia de otros contextos como el chileno y el argentino donde, la represión tuvo una dimensión mucho más dirigida a organizaciones políticas o sociales reivindicativas contra la dictadura o a ese orden impuesto. Las fórmulas sobre verdad justicia y reparación son diferentes, hay que escuchar los procesos que respondan a las dinámicas de las comunidades y de las víctimas y que no sean impuestos desde fuera como una fórmula. Si hubiéramos evaluado el caso argentino con los gobiernos de Menen diríamos que la CONADEP casi no sirvió no porque después vienen las leyes de obediencia debida y punto final, tendríamos una visión muy sesgada sobre eso, si lo ves después, con el tiempo, la lucha de los familiares, de otros sectores de la sociedad como se tumbaron las leyes de obediencia debida y punto final, los logros en una cultura colectiva de derechos humanos en el caso argentino son muy grandes, eso es un ejemplo para Colombia y para cualquier otro país. No es que la fórmula de Argentina vaya a ser la fórmula para Colombia, pero los logros que se han hecho, el mantenimiento de la persistencia en la defensa de los derechos humanos la construcción de una cultura de derechos humanos con espacios simbólicos de reconocimiento y de representaciones de esa realidad, las sanciones que han aplicado, aunque no sea en todos los casos, han cumplido una función de ruptura con el pasado. Ya desde el acuerdo de paz de Colombia se vio que el origen de la reconciliación es a muy largo plazo, para mucha gente no tiene sentido o tiene significados diferentes. Para el guerrillero la reconciliación es reintegrarse socialmente con condiciones que le permitan poder transformar su vida, para el familiar del desaparecido que le hablen de la reconciliación no tiene mucho sentido o en muchos casos va pasar siempre por la verdad por saber dónde están los desaparecidos, conocer su paradero su destino los responsables y que se haga justicia.
-En Argentina hay un «pacto de silencio» entre los militares, ¿en Colombia, en donde hay aproximadamente 100 mil desaparecidos, existe ese «pacto de silencio, es posible encontrar esos desaparecidos?
-Creo que hay un «pacto de silencio» más amplio que solamente el de los militares, hay policías y paramilitares y hay sectores de la guerrilla que no han hablado hasta ahora o están empezando solamente ahora a hablar sobre eso. Hay que quebrar esos pactos. La Comisión está recogiendo testimonios no solamente de víctimas sino también de responsables y que quieran hablar con la comisión obviamente bajo un régimen de confidencialidad. Ya ha habido cerca 2000 militares o agentes de seguridad del Estado que se han presentado para reconocer su participación en casos de ejecuciones extra judiciales.
-¿Qué recuerda del quiebre de pactos de silencio?
-La imagen más potente que yo tuve de cómo se hizo en Guatemala ese pacto de silencio fue una vez en una entrevista con un capitán que había sido de inteligencia de la G2. Que cuando dio su testimonio para un proyecto que hicimos con la iglesia católica que se llamó «reconstrucción de la memoria histórica» el tipo dijo: “Como parte del entrenamiento teníamos un cine forum donde se vio una película del juicio a la junta militar argentina. Ahí estaba la foto de las Madres, el fiscal Strassera, los jueces del juicio y al final, después de ver la película, el mensaje para todos fue: “Esto es lo que no puede pasar aquí”.
-¿Qué opina sobre la experiencia del «Espacio Memoria» ex ESMA, su transformación de campo de concentración y exterminio a sitio de memoria?
-La Ex ESMA es un lugar duro y a la vez emblemático de la lucha por los derechos humanos es una experiencia de resignificación de un territorio del terror hacia una cultura de derechos humanos de reconocimiento a las víctimas y de cómo convertimos esto también en una herramienta educativa de memoria más allá de lo sucedido en el pasado o frente a un pasado que reconstruimos desde el presente. También es una memoria para el presente y para mantener esa cultura derechos humanos; me parece que es muy importante. También es clave en el sentido de que mostró cómo el esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos conquistó un espacio social de representación de la realidad. Si por ejemplo preguntas en el Salvador donde fue el atentado a FENASTRAS (Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños) , nadie sabe, porque ahora hay un centro comercial, no hay nada que recuerde eso. En frente de la catedral había un monolito que decía «en memoria de los jesuitas asesinados en el año 89 por fuerzas oscuras de El Salvador”, y no fueron asesinados por «fuerzas oscuras», fueron asesinados por el batallón Atlácatl, un batallón contra insurgentes, el 16 de noviembre del año 89. Aquí tenemos un espacio de decir esas verdades, de hacer una visita al ex casino de oficiales , de entender en la geografía, en el espacio, en la organización, el horror, cómo estaba organizado el horror. Y creo que esa dimensión es muy educativa y dura de ver pero también muy importante para tomar conciencia de la profundidad de un proyecto de destrucción y de control como el que hubo aquí en la dictadura cívico militar de los años 70.