Se cumplen diez años del veredicto que condenó por primera vez a varios de los represores que operaron en el grupo de tareas que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Se trata de un fallo que sentó una serie de valores y mecanismos para el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina pero que, fundamentalmente, puso en primer lugar la palabra de los y las víctimas sobrevivientes como productora de “verdad histórica”.

Se están cumpliendo en los próximos meses, diez años de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Penal Nro. 5 de la Ciudad de Buenos Aires que puso fin al debate en la causa “Donda”, conocida popularmente como causa ESMA II. La ocasión del aniversario permite entrar en una serie de valoraciones y reflexiones de este veredicto que significó entre otras cosas, la primera condena a algunos de los represores que operaron desde el grupo de tareas que funcionó en el Centro Clandestino de Detención, Torturas y Exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada; pero también comenzó a fijar una serie de valores y mecanismos para juzgar los crímenes de la dictadura y el terrorismo de Estado en la Argentina.

Uno de los primeros y más poderosos avances en materia judicial que determinó esta primera sentencia tuvo que ver con una determinación en la forma de valorar la palabra y el testimonio de las víctimas sobrevivientes.

El necesario rescate de todas las víctimas del Terrorismo de Estado

La resolución del Tribunal vino entonces a dar cumplimiento específico a lo que en su oportunidad señaló quien fuera Secretario de Derechos  Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde: “El juzgamiento de lo sucedido en una época a través de una situación planificada, de múltiples hechos sistemáticos, fragmentada en cientos de procesos, no busca alcanzar la verdad en tanto conocimiento absoluto, busca sí, la representación convincente de la realidad de lo ocurrido”.

Las voces y las experiencias personales, históricamente negadas en los ámbitos institucionales y de los poderes del Estado en tiempos de la impunidad, recuperaron a partir de su inscripción en el registro oficial y judicial, su función central de producción de verdad y sentido en torno a los crímenes de los que fueron víctimas, y sin lugar a dudas, ésta se convirtió en la regla de interpretación y comprensión que utilizó el tribunal en relación a los dichos de todos, absolutamente todos los testigos que declararon en el juicio conocido como “ESMA II”, sin hacer el Tribunal diferencias ni políticas, culturales ni de ningún otro tipo entre ellos.

Desarmando las “acusaciones” de los acusados

Muchos de los sobrevivientes de la ESMA que testimoniaron en  el juicio fueron acusados por parte de los imputados por crímenes de lesa humanidad de ser “testigos necesarios” para la querella oficial y de actuar “por venganza”. Pero el fallo logró, entre otras cosas, desmontar los juicios despectivos y violentos que los militares demandados quisieron instalar respecto de algunos de los sobrevivientes de aquel horror.

“Ser sobreviviente de un centro de detención y exterminio no implica mentir, como sostienen los imputados. Como tampoco tiene que serlo para quien resulta víctima de un asalto, estafa, lesiones o violación” escribieron los integrantes del Tribunal Oral dejando en claro quiénes eran las víctimas y quiénes los acusados en las causas por crímenes de lesa humanidad en general y los perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada en particular. Desde ese claro posicionamiento, el fallo logró romper con ciertos mecanismos a veces arraigados en el Poder Judicial de repetir los discursos de ciertos sectores de poder, para generar incluso importantes niveles de empatía con las personas vulneradas en sus derechos más fundamentales.

La voz de las víctimas, detenidos-desaparecidos, familiares y sus allegados se convirtió entonces en la herramienta fundamental a la que apelaron los tres integrantes del Tribunal Oral para dar por probados los tratos inhumanos, torturas, vejaciones, homicidios y demás delitos que se perpetraron en el CCDTyE, haciendo caso omiso a las disvaloraciones de los testigos y sus historias personales pérfidamente esgrimidas por las defensas en el juicio.

El relato de los “testigos necesarios”, -concepto puesto en duda por los acusados a lo largo del debate-, tomó en el análisis de los jueces un carácter esencial en la determinación de verdad, sin hacer diferencias respecto de las circunstancias en que se desarrollaron sus secuestros, sus condiciones de cautiverio e incluso sus acciones o actitudes personales, señalando conscientemente el carácter de víctimas de todas y cada una de las personas que padecieron en carne propia las acciones del Terrorismo de Estado.

El fallo como constructor de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación

Esta idea vigente en todo el fallo, resultó fundamental para desmontar la estrategia de los imputados de “acusar” a sus propias víctimas, desmerecer sus palabras y sembrar incluso sospechas respecto de algunos de los testimoniantes. Entre estas últimas estuvo la de instalar presuntas “colaboraciones” de los secuestrados detenidos-desaparecidos para con sus captores y represores, cuando en rigor de verdad y tal como lo diría en reiteradas ocasiones la decisión judicial, se trató de personas obligadas a prestar servicios a sus victimarios en condiciones inhumanas y ajenas a toda libertad o autonomía.

“La creencia de los imputados que las actividades que le imponían a los cautivos, bajo amenazas de muerte, constituían decisiones libres, encierra un grave error conceptual” fue entonces la fórmula elegida por el Tribunal para rechazar las acusaciones y desmerecimientos de los dichos de los genocidas sometidos a juicio. Los jueces llegaron incluso a ponerse en el lugar de las víctimas ante aquellas afrentas a la libertad personal y capacidad de acción: “Los hombres pueden elegir una determinada forma de solución para sus problemas, pero no estar en condiciones de llevarlas a cabo” expresaron, y agregaron: “Los miembros de este Tribunal, desconocemos cuál hubiese sido nuestro comportamiento ante una experiencia similar de crueles sufrimientos  e inmediata cercanía a la muerte, como la que padecieron las víctimas del centro clandestino de detención”.

El propio tribunal lo dejó claro al establecer en la sentencia, al identificar a las víctimas de la ESMA que declararon en el juicio oral y público como productoras de verdad histórica, y rescatar su voluntad de dar testimonio para obtener no sólo reparación y justicia sino cumplir con una tarea de construcción y reconstrucción de nuestra historia social. Con su valoración superior del testimonio y el relato de las víctimas sobrevivientes plasmó lo que expresó claramente la psicóloga Ana María Careaga al definir  a los testimoniantes como “actores centrales de los juicios por violaciones a los derechos humanos”.

Este paso adelante que significó el tomar como fundamental la palabra y el testimonio de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, en este caso en particular respecto de las acciones delictivas llevadas a cabo en el CCDTyE ESMA, no sólo significó un elemento central para la condena de los represores acusados, sino también para profundizar la libertad y liberación de las víctimas, si atendemos a lo que alguna vez bien supo definir la testigo en este juicio Graciela Daleo quien estuvo en el carácter de detenida – desaparecida, secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada: “Si me preguntás si yo siempre me siento libre, te diría que no. Después de salir de la ESMA creo que empecé a sentirme libre cuando públicamente pude dar testimonio ante alguien y pude dar algún paso para cuestionar lo que estaba pasando en la Argentina”.