Esther Gianietti de Molfino, Guillermo Amarilla y Marcela Molfino. El hijo de Marcela y Guillermo, Guillermo Martín, nació en cautiverio 27 de junio de 1980 y su identidad fue restituida en 2009. Su madre y su padre siguen desaparecidos. 

 

A través de una base abierta y publicada en https://desclasificados.org.ar ya se puede acceder abierta y públicamente a 1.000 documentos de un total de 4.093, que dan cuenta de la vinculación del aparato de inteligencia de Estados Unidos en las dictaduras de nuestra región, especialmente de la Argentina, entre 1976 y 1983.

Estados Unidos desclasificó por primera vez para nuestro país documentos de sus agencias de inteligencia que hasta ahora se habían negado a entregar. Los archivos permiten constatar y analizar la injerencia sobre las dictaduras en la región durante los años 70.

La desclasificación es una respuesta al reclamo sostenido desde hace décadas por los organismos de derechos humanos para acceder a archivos que contengan información sobre el terrorismo de Estado, el funcionamiento de los servicios de inteligencia y las alianzas internacionales.

El Espacio Memoria conversó con Guadalupe Basualdo, Coordinadora de del área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y con María José Lavalle Lemos, quien es una de las nietas restituidas e integra la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Las dos son parte del equipo colaborativo de trabajo sobre la base de archivos desclasificados.

-¿Cómo se logró la apertura de los archivos?

Guadalupe Basualdo.-  El proceso de apertura de documentos del gobierno de Estados Unidos se inicia en el año 2000. En el contexto de impunidad regido por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los organismos de derechos humanos buscaron nuevas formas de construir verdad sobre lo sucedido y solicitaron al gobierno de Estados Unidos el acceso a documentos clasificados con información sobre violaciones de derechos humanos de los años 70 y 80. El pedido fue aceptado y dio como resultado la desclasificación de 4.677 de ellos. Aunque ciertas agencias, como la CIA y el Pentágono, se negaron a abrir sus archivos, esa documentación oficial evidenció la injerencia de Estados Unidos en el Cono Sur y permitió acreditar las relaciones bilaterales entre las dictaduras latinoamericanas y Estados Unidos. La reapertura de los juicios por los crímenes durante el terrorismo de Estado abrió un nuevo horizonte en la investigación judicial y la reconstrucción de la verdad. En ese contexto, en 2015 los organismos de derechos humanos realizaron un segundo pedido de desclasificación de documentos a Estados Unidos con la intención de profundizar la documentación y ampliarla hacia fuentes producidas por agencias de inteligencia de ese país. Fue respondido con cuatro entregas de documentos entre 2016 y 2019. La última se realizó en abril de 2019. Allí se desclasificaron por primera vez para la Argentina documentos de las agencias de inteligencia que desde el inicio del proceso se habían negado a entregar documentación. Esta tanda incluye 4.903 documentos provenientes del Department of State, Central Intellingence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), Department of Defense (Defense Intelligence Agency, Army, Navy, United State Air Force, Joint Staff, Office of the Secretary of Defense, United State Southern Command), Department of Justice y National Archives.

Un proyecto colaborativo

Basualdo explica que Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Memoria Abierta, en alianza con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, convocaron a estudiantes de distintas carreras a que se involucren en la lectura y el análisis del material. “Formamos así un equipo de trabajo con 19 estudiantes. El proceso de trabajo consistió en un proceso de capacitación para la carga de la base y también involucró un programa de formación en derechos humanos. Los encuentros permitieron, por un lado, transmitir contenidos históricos y políticos, así como experiencias de litigio e investigación en materia de derechos humanos. También permitieron crear un espacio de intercambio sobre el funcionamiento de la base y debate sobre criterios, que permitieron realizar modificaciones y ajustes que perfeccionaron la herramienta”, agrega.

-¿Cuál es la importancia de acceder a estos archivos y de abrirlos?

– El acceso a documentación oficial es un pilar fundamental de nuestra vida política actual y de nuestra democracia. Desde el fin de la dictadura, los organismos de derechos humanos plantearon que era fundamental, para comprender las prácticas del terrorismo de Estado, saber cómo funcionaron los servicios de inteligencia y cuáles fueron sus alianzas internacionales. Es muy importante el acceso a la documentación para poder contar con registros, testimonios e informes oficiales sobre los hechos ocurridos, para reconstruir relaciones y responsabilidades, también para comprender las formas de funcionamiento de las burocracias, la circulación de información. El acceso a documentación oficial de la Argentina y de otros Estados, en forma particular a documentación de inteligencia, constituye un nodo clave de la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia. Es importante leer y analizar estos documentos sabiendo que contienen información producida con el fin de realizar actividades de seguimiento, intervención y control. Como todo documento, pero especialmente en los de este tipo, que contienen información altamente sensible, se debe tener en cuenta el contexto y los fines con los que fueron producidos. La información que presentan requiere necesariamente del cruce con otras fuentes, para situar la información que proveen en las relaciones que la producen, relacionarla con otros relatos, ponerla en vinculación con los hechos. A lo largo de la lucha por la verdad y la justicia, la documentación fue una estrategia fundamental para reconstruir el alcance del terrorismo de Estado y establecer evidencias que, junto a testimonios y otras fuentes, permitieron fundamentar las demandas de justicia y construir memorias sobre lo sucedido.

María José Lavalle Lemos.- La importancia para la Abuelas es general, no sólo para ver si hay algún dato que pueda servir en la ubicación de algunos de los jóvenes que se buscan, o saber algún dato en particular de algún caso de desaparecidos de los que trabaja la Asociación, sino también todo lo que tiene que ver con el contexto en el que se dio la dictadura con respecto a Latinoamérica y la injerencia de Estados Unidos. Es un aporte global. Es interesante, porque se puede ver la participación de Estados Unidos en distintos momentos históricos, cuando estaba involucrado en el seguimiento acá de la lucha llamada antisubversiva. En cierta forma, fue también avalada, a lo mejor no tan groseramente como fue la intervención con Chile, pero acá fue un poco más fina, menos evidente. Los archivos permiten mostrar eso. Cómo Estados Unidos sabía perfectamente y tenía cierta influencia en el accionar de la represión.

Cable desclasificado en el que figura información de inteligencia sobre la familia Molfino. Gentileza Memoria Abierta, Abuelas de Plaza de Mayo y CELS

 

-¿Cuál fue la función y el objetivo del aparato de Inteligencia de Estados Unidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina y el Plan Cóndor?

Basualdo.- El primer proceso de documentación desclasificada mostró que varias agencias del gobierno de Estados Unidos tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva y no hicieron demasiados esfuerzos para detenerla hasta que pasó a la tercera fase. De hecho, la descripción detallada de las diferentes fases del Plan y de sus alcances surge de modo nítido del análisis de la documentación desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. También mostró el rol de la CIA como proveedor de computadoras para el Cóndor, que llegó a tener un banco de datos computarizado con información de miles de personas. Este segundo proceso de desclasificación de documentación provee acceso a más información sobre el funcionamiento del Plan Cóndor. Hay cables, telegramas, informes o memorándums producidos por la CIA, el FBI o el Departamento de Estado, entre 1976 y 1984. Estos documentos informan sobre las formas de organización de adquirió la coordinación represiva, la división de tareas entre los países, las distintas fases que atravesaron y dan cuenta del rol de Estados Unidos en estas acciones.

En este sentido, Lavalle Lemos destaca que le llamó la atención en particular que “en uno de los casos había información muy puntual sobre la víctima” y se interrogó sobre cómo los agencias de inteligencia tenían información sobre la vida privada de las y los militantes.

“Hay varios ejes desde dónde entrar a la base” para realizar análisis e investigaciones. “También es importante ver lo que hay sobre la parte económica y la repercusión de la guerra por Malvinas en la relación con Estados Unidos, como los documentos que cuentan los comentarios de Estados Unidos sobre lo que sabían acá acerca de la transición a la democracia”, señala y pone énfasis en los archivos que dan cuenta de cómo los responsables de los delitos de lesa humanidad buscaban impunidad ante la recuperación de la democracia en la Argentina en 1983.

Un aporte para las causas judiciales

Para Basualdo, “los documentos desclasificados constituyen un gran aporte al avance de los procesos judiciales y a la reconstrucción de la verdad. Los desclasificados en 2002 han permitido reunir información y documentación sobre desapariciones, apropiación de niños y sobre la operación Cóndor. Muchos de ellos fueron presentados como prueba documental, aportados por las querellas en las causas que investigaban el accionar del Batallón de Inteligencia 601, el Plan Cóndor y la apropiación sistemática de menores. Los desclasificados entre 2016-2019 están siendo analizados en esta clave y ya hemos identificado entre estos archivos documentos que presentaremos como evidencia en causas judiciales. Los documentos también constituyen un acervo relevante de información tanto para los familiares y víctimas, como para la investigación histórica”.

La investigadora del CELS agrega: De acuerdo al relevamiento que venimos haciendo, y que al día de hoy involucra 1.630 documentos desclasificados relevados, el 85% están concentrados entre los años 1976 y 1983, siendo 1980 el año de mayor acumulación de documentos, ya que casi el 20% están fechados en ese año. Si bien hay una gran variedad de tipos de documentos, como cartas, documentos legales, reportes, memos, cables, telegramas, aero telegramas, etc., la mayoría son cables del Departamento de Estado (42%), también el 17% son Telegramas y un 7% memorándums. Estos tres tipos documentales representan dos tercios de todo el material”.

Desde Abuelas, María José relata: “Encontramos pruebas del secuestro en Perú de la abuela Molfino (Noemí Esther Gianetti de Molfino), un informe de inteligencia, donde estaban relatando lo que estaba sucediendo y cómo fue que apareció el cadáver de ella en España. Todo eso es prueba importante, que cuando se reanuden las causas luego de la cuarentena se podrá aportar. Hay datos de las denuncias que hacían las Abuelas. Hay registro de eso y de los pedidos de los organismos a Estados Unidos y a otros lugares”. Lavalle Lemos destaca la importancia del trabajo de quienes integran el equipo colaborativo como practicantes y “son las nuevas generaciones involucradas con estos temas de nuestra historia”.