Una oportunidad para juzgar los aspectos económicos del terrorismo de Estado

Estos años serán sin dudas años de ampliación de los campos y horizontes del proceso de juzgamiento a los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado y el genocidio en la Argentina iniciado una década y media atrás. Así como es importante  que hoy lleguen a juicio los crímenes de lesa humanidad de índole sexual perpetrados en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), resulta del mismo modo fundamental el hecho de que algunos de los denominados “delitos económicos” de la dictadura lleguen finalmente al ámbito de los tribunales para su investigación y juzgamiento de algunos de sus responsables.

En ese sentido, la noticia más saliente es que dentro de los próximos juicios orales y públicos se incluye el de la denominada Causa “Chavanne – Industrias Siderúrgicas Grassi”, en el que se investiga el secuestro de veintiocho personas vinculadas al grupo económico Chavanne y la metalúrgica Grassi -empresarios y profesionales involucrados en la compra del Banco de Hurlingham en 1978-  quienes fueron sometidos a un cautiverio ilegal y en aberrantes condiciones en el ámbito de la Prisión Militar de Encausados de Campo de Mayo  -uno de los CCDTyE que  funcionaron allí junto al “Campito”, “Las Casitas” y el Hospital Militar- a fines de ese año.

Corresponderá también en este caso al Tribunal Oral en lo Federal Penal N° 5 de la Capital Federal, integrado por los Dres. Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino llevar adelante la audiencia que tendrá lugar en los tribunales federales de Comodoro Py.

El juicio permitirá poner por primera vez en el marco de acción de los Tribunales Federales Penales porteños a “la pata civil de la dictadura” integrada por aquellos sectores económicos que a través de empresas e instituciones gremiales corporativas y empresariales, suministraron bienes, servicios y discursos al gobierno de facto para obtener beneficios materiales concretos en desmedro de las mayorías populares y la economía local, y que como es sabido, hicieron al poder real detrás de las juntas que usurparon el gobierno y se revelaron como un  espacio hasta ahora cuasi impune de participación, instigación, coautoría y complicidad con el Estado terrorista de los años 70.

Será la oportunidad entonces, para analizar  en cuánto y para qué participaron las fuerzas represivas del terrorismo de Estado en el plan económico del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” diseñado e implementado por  Martínez de Hoz, basado en una profunda reforma financiera y en la apertura comercial, que implicaría en definitiva, una rearticulación del modelo agro-exportador y la consiguiente desarticulación del espacio industrial; sosteniendo como principal objetivo el debilitamiento y disciplinamiento por la fuerza de la clase obrera argentina y sus organizaciones gremiales y políticas.

Acusadores y acusados

La querella general a cargo del Ministerio Público Fiscal estará en manos de un equipo encabezado por los Dres. Alejandro Alagia y Gabriela Sosti, ambos con gran experiencia en el marco de juicios por delitos de lesa humanidad. El primero es docente titular del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y desde el año 2009 es Fiscal General y titular de la Unidad de asistencia para causas por violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado, ha tenido una destacada labor en diversos procesos tales como los seguidos en virtud de los hechos acaecidos en el CCDT conocido como Brigada de San Justo y en ciertos tramos del Juicio ESMA. Sosti por su parte, se encuentra actuando actualmente en el marco de los juicios que se llevan adelante en la jurisdicción de los Tribunales Federales de San Martín: el relativo a los delitos cometidos en la represión de la llamada Contraofensiva Montonera y aquel en que se ventilan delitos cometidos en el CCDTyE de Campo de Mayo y Area 400 de Campana en el que se investigan entre otros casos, los relativos a secuestro y desaparición de varios obreros de la empresa Mercedes Benz.

La dupla conformada por Alagia y Sosti, además, ha intervenido ya en diversos juicios por crímenes del terrorismo de Estado, entre ellos los correspondientes a los crímenes cometidos en el circuito represivo integrado por los Centros Clandestinos de Detención “Club Atlético”, “El  Banco” y “Olimpo”, también conocido como Circuito ABO.

Los acusados por su parte, serán en este caso dos civiles, un agente orgánico de del Batallón 601 de Inteligencia del  Ejército y quien fuera entre los años Presidente de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina.

Raúl Antonio Guglielminetti, quien operara en la dictadura bajo el alias de “Mayor Guastavino” fue personal civil del Ejército y activo participante del Grupo de Tareas con base en el CCDT “Automotores Orletti”, uno de los epicentros locales de la coordinación represiva entre las dictaduras del cono sur bajo el Operativo Cóndor. En  tiempos del retorno al gobierno constitucional, aún impune,  llegó incluso a formar parte de la custodia del entonces presidente Raúl Alfonsín y en esos años, participó de la continuidad de los delitos e ilícitos de la banda que actuó en “Orletti”, dedicándose junto con quien fuera el jefe de la misma, Aníbal Gordon, a los secuestros extorsivos. Con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, fue detenido en 2006 y finalmente condenado en 2011 a 20 años de prisión por tenerse acreditada su participación criminal en 25 secuestros y 21 casos de torturas, en ese Centro Clandestino donde estuvieron secuestradas al menos 65 personas de distintas nacionalidades, de las cuales 18 permanecen desaparecidas.

El otro de los imputados que deberá afrontar el juicio oral y público es el abogado Juan Alfredo Etchebarne, integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) -órgano autárquico creado mediante el Decreto Ley 17.811 de la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía para intervenir oficialmente y desde el Estado Nacional en la compra-venta de títulos valores en las Bolsas de Comercio, Cajas de Valores y Mercados de Valores de la República Argentina- desde sus inicios mismos, y que en 1976 y en virtud de sus aceitados vínculos con el entonces Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el grupo concentrado de la industria siderúrgica Acindar, sería designado presidente de la Comisión, puesto que ocuparía sin interrupciones hasta cinco meses antes de la caída final de la dictadura.

Al igual que en tantos otros casos de crímenes por lesa humanidad, la demora producto de los “tiempos” de la burocracia judicial ha consagrado en este caso también, lo que los organismos de DDHH argentinos han definido como “la impunidad biológica”. Así, otros dos de los represores que participaron de los delitos que aquí se juzgan: el coronel (retirado) Francisco Obdulio D’Alessandri y el ex comandante de Gendarmería Nacional Víctor Enrique Rei, que fueran oportunamente detenidos en abril de 2013 en virtud de la decisión del juez instructor de la causa Daniel Rafecas, murieron antes de la decisión de iniciar finalmente el presente juicio.

Rei, quien falleciera el 25 de febrero de 2014, ocupó altos cargos dentro de la estructura de la fuerza encargada de vigilar las fronteras, llegando a ser Jefe de Inteligencia en  Formosa y hasta fue nombrado miembro honorario de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos. En 1977 ocupó el cargo de Subjefe de Inteligencia a nivel nacional de Gendarmería y formó parte de algunos de los esquemas criminales más brutales de la dictadura: el denominado Operativo Independencia de Tucumán y el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en Campo de Mayo. Fue condenado en abril de 2009 a 16 años de cárcel por la retención y ocultación de identidad, supresión del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos de Alejandro Pedro Sandoval, hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval y quien resultaría el nieto recuperado número ochenta y cuatro conforme la nómina que llevan adelante las Abuelas de Plaza de Mayo.

D’Alessandri, por su parte, estaba al momento de su fallecimiento en abril de 2018, imputado no sólo en esta causa sino también en otra en la que en el marco de la instrucción a cargo del Juzgado Federal Penal N° 3 de La Plata, había sido procesado con prisión preventiva por homicidio, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas a soldados conscriptos del Escuadrón Ayacucho del Regimiento de Granaderos a Caballo durante la última dictadura.

De todos modos la imbricación de estos personajes y sus superiores en la maquinaria cívico militar del Terrorismo de Estado fue acreditada por el juez Rafecas en el auto de procesamiento de ambos, dictado con fecha 13 de julio de 2013, donde puede leerse: “Las “patotas”, también llamadas “grupos de tareas”,  y en este caso en particular el “Equipo de Trabajo”, vinculada al accionar represivo del CCDT “Prisión Militar de Campo de Mayo” representan un eslabón de la cadena de mandos constituida, en lo atinente al Ejército Argentino, por: el General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo de Ejército; el Coronel Roberto Leopoldo Roualdés, Segundo Comandante y Jefe de Plana Mayor del Comando de Subzona Capital Federal; el Coronel Idelfonso Marco Solá  (Jefe de la Prisión Militar de Encausados de Campo de Mayo);  el Segundo Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina Darío Alberto Correa, Jefe Sección Penal de la Prisión Militar; el Coronel Francisco Obdulio D´Alessandri,  Jefe de Equipo; el Coronel Raúl Alberto Gatica,  integrante del Equipo; el Comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, integrante del Equipo; y el agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti,  integrante del Equipo para las detenciones”.

Algunos de los hechos y pruebas del caso

Los hechos a ventilar en este nuevo juicio oral, se inscriben en lo que la propia dictadura llamó “guerra contra la subversión económica” y que involucró en definitiva la operatoria sistemática de los poderes económicos y fácticos para reformular y re instrumentar los mecanismos de la economía local en torno a los nuevos patrones de acumulación y distribución del capitalismo en los años setenta, apelando para ello, a instrumentos y metodologías propias del terrorismo utilizadas del mismo modo que eran usadas contra los opositores políticos, gremiales y culturales a la dictadura.

En el caso particular, la cuestión se centra en torno a los hechos delictivos que rodearon las acciones oficiales de la dictadura alrededor de la venta y posterior liquidación del Banco de Hurlingham -originariamente propiedad del empresario David “Dudi” Graiver- que fuera luego adquirido por la unión entre el grupo Chavanne y los titulares de las Industrias Siderúrgicas Grassi.

Treinta días después de que la mencionada sociedad comercial comprara el Banco de  Hurlingham en diez millones de dólares, una denuncia anónima dirigida a la Comisión Nacional de Valores, metodología habitual usada por el poder de entonces para abordar a un grupo económico competidor o considerado “molesto” por algún otro espacio empresarial o económico, objetó la compra del paquete accionario de la entidad, lo que motivó que las autoridades civiles y militares de las entidades de contralor del ámbito financiero, -el interventor del Banco Central,  General Alfredo Cassino y de la CNV, Etchebarne- dispusieron la intervención del banco.

La CNV formalizó la denuncia por supuestas irregularidades en el Banco Hurlingham y la Siderúrgica Grassi, y a partir de allí el juez federal Rafael Sarmiento inició un proceso en el que se acusaba a los empresarios de “subversión económica” en el marco del articulado de la Ley de “Seguridad Nacional” 20.840 sancionada en septiembre de 1974, bajo el pretexto de “establecer penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”.

El juez Sarmiento dispuso entonces la quiebra del Banco de Hurlingham, lo que significó no sólo el desapoderamiento de la institución a sus propietarios, sino que también afectó profundamente la economía local dejando sin crédito a una veintena de empresas que se beneficiaban con las líneas crediticias y el funcionamiento regular del mismo.

La fraguada intervención judicial habilitó del mismo modo, la persecución contra los empresarios, ejecutivos, abogados, contadores y hasta algunos trabajadores del grupo Chavanne, representantes y directivos de las empresas de la familia Grassi, anteriores miembros del directorio de la institución bancaria en cuestión y hasta contra altos funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la que finalmente los Grupos de Tareas dependientes del Primer Cuerpo de Ejército descargaron toda su saña y brutalidad tal como hacían con opositores políticos, gremiales, culturales y de todo tipo.

Desde los primeros días de septiembre de 1978 y a lo largo de todo ese mes, comandos del Ejército secuestraron a varias personas vinculadas a la compra del banco: los hermanos René Carlos y  Luis Arnoldo Grassi,  Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne estuvieron entre las primeras víctimas de los GT.  Estos operativos serían llevados a cabo en Buenos Aires y Rosario y de ese modo también resultarían víctimas de secuestro y privación ilegal de la libertad, los directivos del Banco de Hurlingham, Enrique Lucio García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Augusto Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge David Salvador Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein, así como gerentes y ejecutivos de las Industrias Siderúrgicas Grassi, como Jorge Luján Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Luisa Fernanda Fabbri, Luis Pignataro, Luis Alberto José Grassi y la secretaria privada, Rosa Dominga Laurito de Ernaiz; funcionarios de la Bolsa de Comercio, como Alberto Cordeu, Jaime Benedit e Isidoro de Carabassa; y los titulares de estudios jurídicos Mario Satanowsky y  Eduardo y  Raúl Ramón Aguirre Saravia.

El segundo responsable del operativo represivo en cuestión, coronel Roberto Roualdes requirió para el caso la ayuda especializada a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central. La colaboración de ambos organismos se materializó en el envío en comisión de un grupo de abogados y contadores que analizarían las declaraciones obtenidas bajo tortura y sugerirían a los interrogadores militares nuevas líneas investigativas.

Todos los secuestrados vieron sus domicilios ilegalmente allanados, siendo desposeídos de importantes piezas de documentación personal y llevados ilegalmente al Centro Clandestino de Detención que funcionaba en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo donde fueron recluidos según sus propios dichos, en calabozos o celdas de unos dos metros por ochenta centímetros de largo, que estaban dentro de un galpón, con piso de cemento y en los que había sólo un colchón en el piso. Según las constancias que surgen de la instrucción del caso realizada por Rafecas, salvo dos de las mencionadas víctimas, todas las demás fueron sometidas a torturas durante su cautiverio. Algunos de ellos, fueron luego de pasar más de un mes en cautiverio en el CCDT, “blanqueados” en la jerga de la época, pasando a revistar el carácter de “presos legales de la dictadura”, y permanecieron en prisión hasta el año 1980, bajo la vieja acusación por “subversión económica”. Las causas penales en su contra prosiguieron hasta entrado el tiempo de orden constitucional una vez caída la dictadura.

Entre las múltiples pruebas que hacen a la causa mencionada y que permitieron que la instrucción llevada a cabo por el juez Rafecas llegue a buen puerto y que hoy podamos contar con la definitiva posibilidad de que estos hechos aberrantes se juzguen, está la documentación contenida en los archivos de la Comisión Nacional de Valores, institución que gracias a las políticas públicas de Memoria pudo poner en marcha en tiempos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, comisiones de Derechos Humanos como la encabezada por los cientistas sociales Celeste Perosino, Walter Bosisio y Bruno Nápoli, que permitieron a través de un arduo trabajo, colaborar con las investigaciones judiciales en el marco de las políticas públicas tendientes a lograr el juzgamiento integral del genocidio.

Comisiones éstas últimas, que lamentablemente fueron desmanteladas y desfinanciadas mayoritariamente por el gobierno siguiente, y cuyo impulso y necesidad de ser vuelven hoy a tener una importancia fundamental.