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21 09 2018
CAUSA FORD: LA COMPLICIDAD EMPRESARIA

Se juzga por delitos de lesa humanidad al ex gerente de la empresa, Pedro Müller; al ex jefe de seguridad, Héctor Sibilla; y al ex general Santiago Omar Riveros.


El caso de la empresa Ford es un ejemplo del accionar cívico-militar del terrorismo de Estado de la última dictadura genocida. Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue militarizada la planta de la automotriz en Pacheco, provincia de Buenos Aires. La empresa quedó al mando de militares y civiles, quienes instalaron el terror en un lugar en el que había más de siete mil trabajadores.

Uno de los principales objetivos de la represión en la empresa fue el disciplinamiento de los trabajadores organizados. Los principales perseguidos fueron los delegados de la comisión interna de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

Los trabajadores de Ford pasaron a ser las víctimas de la propia empresa. A un grupo lo secuestraron dentro de la planta de Pacheco y lo torturaron en el quincho del campo de deportes de la automotriz. A otros obreros los secuestraron de sus casas. Las víctimas fueron trasladadas a las comisarías de Tigre e Ingeniero Maschwitz, donde permanecieron en cautiverio como detenidos-desaparecidos. “En 1976, cuando se produce el golpe de Estado, ya hacía un par de años que estaba Prefectura cuidando los alrededores de la fábrica”, cuenta Pedro Troiani, ex delegado y sobreviviente. También recuerda que, el 24 de marzo, el Ejército, que era de Campo de Mayo, con el general Riveros, invadió la fábrica.

“Nosotros estábamos viendo cómo se metían en todos los rincones, y ese mismo día empezaron a levantar compañeros. El 24 de marzo se llevan a tres compañeros. En principio, dijimos ´irán a la comisaría, harán declaraciones y los dejarán´. Y no fue así: estaban desaparecidos, pasó un día, dos días, después se empiezan a llevar más gente, seguía gente desaparecida”, cuenta.

El 13 de abril de 1976 cayó un grupo de cinco trabajadores, entre ellos Troiani. “A mí me sacan del puesto de trabajo, me esposan adelante de la gente, me pasean por los pasillos, eso era para intimidar a la gente. Nos llevan al quincho, en el campo de deportes de la empresa, y ahí en el quincho nos torturan casi 12 ó 15 horas”, asegura. Estuvieron sesenta días desaparecidos y luego fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en diferentes unidades penitenciarias, como las de Devoto, La Plata y Sierra Chica. “Mi lucha es un grano de arena por los que no están”, concluye Troiani.

El proceso judicial 

La investigación sobre las responsabilidades de los directivos de la empresa Ford se inició en 2002. El juicio contra los responsables civiles durante el terrorismo de Estado debía comenzar el 8 de julio de 2014, pero por los planteos dilatorios de las defensas, se postergó al 14 de marzo de 2017. Ese día tampoco empezó. En ese lapso fallecieron dos de los imputados, Guillermo Galarraga, ex gerente de relaciones laborales; y Nicolás Enrique Julián Courard, presidente y representante legal de la empresa en 1976.

El 19 de diciembre de 2017 finalmente comenzó el debate oral y público por los casos de 24 víctimas de secuestros cometidos entre marzo y agosto de 1976. En su mayoría, eran delegados y operarios. Son juzgados dos civiles y un ex militar por los delitos de lesa humanidad cometidos en la empresa.

El ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, está acusado como coautor de cinco casos de allanamiento ilegal, 24 casos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por violencia y amenaza, y por haber transcurrido más de un mes en nueve hechos de tormentos agravados por haber sido las víctimas perseguidos políticos, al haberse desempeñado como jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde 1975 hasta fines de 1978.

El ex gerente de manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de seguridad y militar retirado del Ejército, Héctor Francisco Sibilla, están acusados de haber aportado los medios necesarios para la comisión de los crímenes contra los trabajadores.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín está integrado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña. Los fiscales que participan son Jorge Auat y María Ángeles Ramos.

Ford no fue un caso aislado. El siete por ciento de las personas acusadas por delitos de lesa humanidad son empresarios. En distintas fábricas del país se combinaron los objetivos de las fuerzas armadas durante la dictadura con los de las empresas, para reprimir a los trabajadores y detener cualquier tipo de organización sindical.

La conflictividad entre el capital y el trabajo, con resolución represiva, fue parte de la estrategia empresarial de ese período para aumentar las ganancias de forma acelerada. Así, brindaron a las autoridades militares una serie de recursos materiales, listas de personas y, en casos como Ford, instalaron centros clandestinos de detención dentro de sus predios. Se trata de prácticas que estaban insertas dentro del esquema represivo de la última dictadura y configuran, por lo tanto, delitos de lesa humanidad.

Testimonios

Las voces de los sobrevivientes y de los abogados querellantes en el juicio que investiga el accionar de la empresa Ford durante la última dictadura.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIA

“Ford es la fábrica que tiene más prácticas empresariales represivas”, sostuvo Elizabeth Gómez Alcorta. La abogada integra junto a sus colegas Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazabal, el equipo de querellantes que representa a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el juicio a la empresa Ford.

CÍVICO-MILITAR

En una carta dirigida al presidente Raúl Alfonsín en 1984, los trabajadores denunciaron que Vicente Ismael Portillo “fue detenido en su lugar y horario de trabajo en forma personal por alguien que dijo ser el teniente coronel Molinari, el cual se encontraba de uniforme y estaba acompañado por el capataz general Castiñeira, quien indicaba la persona a detener”.

LA EMPRESA COMO CENTRO CLANDESTINO

“Estuvimos detenidos dentro de la planta de Ford, allí nos torturaron. Fue un centro clandestino de tortura. No pudo funcionar así sin connivencia con los militares”. Carlos Propato, trabajador-víctima de la empresa y testigo en la causa judicial.

A LA VISTA DE TODOS

"El lugar en el que fue detenido (Francisco Guillermo Perrota) es frente a una casilla donde hay una guardia de Ford, que debe tomar nota de todas las novedades”. Juan Carlos Sluvis, ex trabajador, 1985.

 




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