El procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Abramovich, sostuvo que la mejor forma de conmemorar el legado histórico de la visita de la CIDH de 1979 es que el Congreso envíe un fuerte mensaje político al Poder Judicial y al resto de la estructura del Estado de que la Argentina reafirma su compromiso histórico de vinculación con el sistema de protección internacional.

Víctor Abramovich fue uno de los expositores del panel “Los impactos históricos del trabajo de la CIDH y los nuevos desafíos frente al contexto regional actual” que se realizó el 6 de septiembre en el marco de la visita de la Comisión al Espacio Memoria para conmemorar aquella que en 1979 dio lugar al informe que legitimó ante el mundo las denuncias que venían realizando sobrevivientes y familiares de desaparecidos sobre el accionar represivo de la última dictadura cívico militar.

“La visita de la CIDH a la Argentina en 1979 fue clave para el trabajo de la propia Comisión, marcó la importancia del mecanismo de presencia en el territorio, de registro de los casos como una manera también de legitimar la versión de las víctimas que denunciaban la desaparición forzada como una práctica sistemática, la existencia de centros clandestinos de detención. Hacía falta que un órgano, de la OEA, que no eran las víctimas lo dijera para que la comunidad internacional empezara a tomar conciencia de la magnitud que tenían las violaciones de derechos humanos en el país”, sostuvo.

 Para el procurador, tanto el modelo de visita en terreno de la CIDH, como su influencia en la adhesión de la Argentina a los tratados internacionales de derechos humanos fueron los dos legados que dejó aquella experiencia histórica.

“La experiencia vivida por la sociedad argentina incluso por el sistema político argentino en el 79 hizo que una de las primeras decisiones en la agenda de transición democrática que se tomara en el gobierno de Raúl Alfonsin fuera la aprobación de los principales tratados de derechos humanos. y la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana y de los comités para intervenir en las violaciones de derechos humanos en Argentina”, recordó.

Sin embargo, Abramovich advirtió sobre el retroceso que viene registrando esa inserción en el sistema interamericano.

“Si uno compara la situación respecto de cuando conmemoramos los 30 años de la visita, en 2009, hay algunos procesos que me parecen preocupantes y quiero marcar: por un lado decisiones recientes de los tribunales y en particular un fallo de la Corte Suprema de Justicia que de alguna manera relativiza la fuerza obligatoria de las sentencias de la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia, que tiene un efecto simbólico muy importante sobre todo el sistema judicial e institucional de la Argentina, en la medida que le quita peso a los tratados y argumentos basados en el derecho internacional de DD.HH en las decisiones de los jueces y órganos del Estado.

Y recientemente, en la misma línea, el gobierno argentino suscribió con otros cuatro países una nota discutiendo y cuestionando las competencias de los órganos del sistema en el sentido de reivindicar niveles de mayor autonomía para los estados nacionales, y discutir la ampliación de la competencia de los órganos en relación a temáticas como derechos económicos, culturales y sociales, reclamando un margen de apreciación que de alguna manera puede servir para relativizar el cumplimiento de recomendaciones o de sentencias”, expresó.

El procurador recordó cuál fue el sentido de la adhesión de la Argentina a esos tratados. “Toda aceptación de competencia de un órgano de protección internacional es una limitación de la autonomía del Estado, pero el argumento central en ese entonces fue que la limitación de la autonomía es a cambio de evitar regresiones autoritarias. Un órgano de protección internacional interviene cuando se cierran los espacios de protección en la esfera interna. Y la Argentina tuvo un liderazgo importante en ese campo, en el 94 incorporó los tratados en su Constitución, las decisiones de las máximas instancias judiciales y la Corte Suprema decidieron de alguna manera seguir como guía de interpretación la jurisprudencia de los órganos del sistema y aceptar la fuerza obligatoria y vinculante de los informes finales de la CIDH y de  las condenas que recibía Argentina en la Corte Interamericana”.

Abramovich recordó que el argumento basado en el derecho internacional y jurisprudencia del sistema interamericano fue clave durante el debate en el Congreso de la Nación de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.

Sobre el actual escenario de “retroceso” al que aludió en su disertación, opinó que en el escenario de cambios políticos que se avecina en la región y particularmente en la Argentina “es importante que se recupere esa política histórica y es muy importante que el Congreso de la Nación, en la medida de lo posible, ponga en su agenda una ley de ejecución de decisiones de los órganos de derechos humanos que contemple algunos procesos que ya existen, como las mesas de coordinación interinstitucional, los tribunales arbitrales pero que incluya también las decisiones vinculadas con revisión de sentencias”

Para el procurador, “esa ley sería, además de muy importante para la operatividad de las decisiones,  un fuerte mensaje político al poder judicial y al resto de la estructura del estado de que la Argentina reafirma el compromiso histórico de inserción plena en el sistema interamericano”.

VISITA EN EL TERRENO

 Durante la charla, Abramovich resaltó los casos en los que intervino la CIDH en aquellos países de América Latina que sufrieron golpes de Estado y violación de los derechos humanos. Revalorizó los mecanismos de visitas en terreno en situaciones actuales no solo en los casos clásicos de violación de los derechos civiles y políticos sino también los vinculados con la protección de derechos económicos, sociales y culturales.

“Es importante recordar que en algún momento se discutió si la CIDH debía seguir haciendo ese tipo de intervención. En los años 90 muchos sectores de la comunidad internacional planteaban que ese tipo de visitas era propio de las dictaduras y del cierre de los espacios institucionales y sostenían que en un concierto de democracias constitucionales la comisión debía dejar de funcionar y era necesario volver al sistema de casos”.

Abramovich recordó que parte de las organizaciones de la sociedad civil, y ciertos sectores al interior del sistema resistieron esos planteos porque advirtieron que, aún en un concierto de democracias en América Latina, existía todavía la persistencia de prácticas de violencia institucional,  e incluso de violencia política, a lo que se sumaban los altos niveles de desigualdad económica, social, cultural, los procesos de exclusión que también reproducen violaciones estructurales de derechos humanos.

“Recuerdo que cuando estaba en la CIDH se produjo en 2008 la masacre de campesinos en la región de Pando en Bolivia. La Comisión había hecho visitas en 2006 y 2007 y hubo un gran debate dentro de los órganos políticos de la OEA sobre si debía intervenir y viajar para hacer un informe sobre lo que había ocurrido y avanzar de alguna manera para que hubiera justicia, a pedido del propio gobierno boliviano. Se decidió no hacerlo, porque la Comisión estaba recibiendo medidas cautelares y debía preservar su rol y entonces los presidentes se organizaron en el marco de lo que entonces era la UNASUR, mecanismo fundamental para la integración latinoamericana que lamentablemente fue desmantelado y en esa reunión en Chile decidieron crear una comisión de investigación que presidió Rodolfo Matarollo y que hizo un informe que fue clave para destrabar la conflictividad interna en Bolivia y al mismo tiempo esclarecer los hechos”.

Abramovich relató que en 2009 volvió a darse la misma discusión a partir del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, pero advirtió: “Ahí la comisión se impuso e incluso en contra de la decisión de los órganos políticos viajó a Honduras,  garantizó medidas en terreno e hizo un informe muy importante en el que utilizó el término golpe de estado, que no era muy común en los órganos políticos de la OEA”.

Más cerca en el tiempo, Abramovich mencionó los casos de Ayotzinapa en México -septiembre de 2014- con la creación de un grupo específico de investigación por la Comisión, y la coordinación de mecanismos que está implementando a raíz de la represión y la violencia contra la protesta social en Nicaragua, donde además de la visita y los informes de la CIDH se crearon el grupo de expertos independientes y un monitoreo de medidas cautelares.

“Eso no lo tiene ningún otro mecanismo y marca la importancia del trabajo de la comisión y el funcionamiento de la capacidad de acción colectiva de las organizaciones sociales y sindicales, muchas veces restringidas por leyes de criminalización o por procesos de represión de la protesta social”, concluyó.