El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación

La Secretaría realizó su exposición por el “compromiso asumido por el Estado frente a la comunidad internacional” y caracterizó el contexto histórico del “plan de exterminio de las Fuerzas Armadas”, desde 1975 en adelante. A partir del 24 de marzo de 1976, “las normativas que emanaron de la Junta Militar no contenían el plan y se dictaron normativas secretas” para este objetivo.

Asimismo, describió que los hechos no constituyeron una guerra, como muchos de los acusados y e incluso condenados sostienen: “No hubo bandos equivalentes enfrentados: hubo víctimas y victimarios”. Además, definió que la dictadura creó un “sistema aceitado para disponer de las víctimas”. “Los delitos fueron realizados con la previsión de impunidad: adulteración, desaparición de los cuerpos, tabicamiento, clandestinidad de los centros clandestinos”, afirmó la querella.

La Secretaría consideró acreditados los delitos imputados a los acusados y clasificó los delitos como de lesa humanidad, dentro de los que señaló a los delitos de índole sexual como autónomos de los delitos de imposición de tormentos, ya que fueron sistemáticos y “los miembros del grupo de tareas contribuyeron a crear la situación para que sucedieran o lo hicieron por mano propia”.

“La lucha por la justicia no siempre tuvo apoyo institucional. Fue motivada por las propias víctimas, incluso dentro del centro clandestino de detención. Durante la misma dictadura nacieron los más importantes impulsores de la Memoria, la Verdad y la Justicia: los organismos de derechos humanos. Pero hubo y sigue habiendo quienes luchan por la impunidad. Señoras juezas y señor presidente: sigan transitando el camino de la justicia”, alegó la Secretaría.

El pedido de condenas

En adhesión a lo requerido por la fiscalía, la Secretaría solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para Raúl Amando Cabral, Miguel Conde, Ramón Roque Zanabria, José Ángel Iturri, José Luis María Ocaranza, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari y Carlos Mario Castellví; y seis años para Claudio Vallejos.

El alegato de Justicia Ya

Los abogados expresaron que este alegato es un trabajo colectivo que se hizo en nombre de los 30 mil detenidos-desaparecidos para conseguir condenas perpetuas y la cárcel común para todos los genocidas. “Estos juicios son el resultado de la lucha inclaudicable del pueblo argentino”, afirmaron.

Además, denunciaron que el Poder Judicial garantiza “otros tipos de impunidad: las excarcelaciones y la suavización de las penas, que se suman a las absoluciones y las penas ínfimas con respecto a los crímenes cometidos y probados”.

“Venimos a alegar por genocidio” dentro del plan sistemático, sostuvieron. “Fueron militantes populares. Este grupo constituía un obstáculo para implementar un plan político y económico. Este grupo se convirtió en un grupo nacional para eliminar”, explicaron. Y más adelante agregaron que “las víctimas no tenían entre sí una identidad política sino que fueron exterminadas por una valoración subjetiva de los victimarios”, por eso “solicitamos al tribunal que califique a estos delitos como delitos de genocidio”.

Acerca de la violencia sexual, describieron que no se suscribió solo a la violación, sino que los manoseos, la desnudez y el acoso verbal que sufrían los secuestrados era parte del “ataque a su intimidad desde el momento de su secuestro”. Asimismo, agregaron que estos delitos fueron declarados en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en la Justicia Militar y durante los juicios anteriores: “No eran acciones individuales, fue una práctica uniforme en todos los centros clandestinos. La violencia sexual fue una metodología aplicada sistemáticamente como forma de sometimiento, especialmente contra las mujeres”.

Pedido de condenas

Prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para todos los acusados y que las penas sean de cumplimiento efectivo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Además, requirieron que se revoquen todos los modos morigerados de pena, como también el cese de prisión de Ferrari.