La audiencia comenzó con el pedido del Tribunal para que se limite el tiempo de exposición de los alegatos de las querellas, motivo por el cual todas las partes acusadoras protestaron. Finalmente, se acordó que se reduzcan, pero no tanto como fue solicitado inicialmente por la presidencia del tribunal.

Los alegatos de las querellas comenzaron con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

“Queremos honrar la memoria de los sobrevivientes, cuyos casos vamos a analizar”, sostuvieron la abogada Sol Hourcade y Pablo Llonto, quienes alegaron en conjunto.

“Como querella unificada alegaremos en representación de las familias Mignone, Ferrari, Fidalgo, Tarnopolsky, Lepíscopo y Brodsky, de Graciela García, Marta Álvarez y como organismo de derechos humanos como lo es el CELS. Además, lo haremos en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Abuelas de Plaza de Mayo, de Isabel Teresa Cerrutti, Marina Girondo, Victoria Grigera Dupuy y Camilo y Javier Juárez (integrante de H.I.J.O.S. Capital) y de los querellantes patrocinados por la abogada Alcira Ríos”, afirmaron.

“Como cabeza de querella, asumiendo la representación de los casos que llevó el abogado Pablo Llonto, y por los que requerimos oportunamente la elevación a juicio: por la familia Arrostito, la familia de Carlos Maguid, por la familia de Victorio Cerutti, de Miguel Ricardo Chiernajowsky, de Lelia Bicocca y de Marta Zelmira Mastrogiácomo, con el patrocinio jurídico de Pablo Llonto”, agregaron.

“Se acerca el momento de una sentencia que debió llegar antes”

En su mayoría, el CELS presentó su adhesión al alegato del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, planteó algunas cuestiones diferenciadas.

“Consideramos que la hipótesis acusatoria que planteamos oportunamente en nuestros requerimientos de elevación a juicio ha sido fehacientemente confirmada”, sostuvieron en el alegato acusatorio.

“A lo largo de este debate se ha acreditado, con toda la prueba que se produjo, la responsabilidad penal de los nueve procesados, motivo por el cual vamos a solicitar la condena por todos los delitos lesa humanidad que han cometido y se siguen cometiendo en muchos casos”.

“Resulta imperioso que el Poder Judicial agilice el proceso, avance en la investigación de los delitos de violencia sexual, esclarezca la responsabilidad de miembros de la Iglesia Católica, en particular el rol de los capellanes y la responsabilidad de los civiles que intervinieron. Igual exigencia dirigimos al Poder Ejecutivo nacional para que profundice las políticas públicas, que nutren de información y documentación valiosa para las investigaciones y que acompañan y protegen a los testigos”, afirmaron.

“Los hechos se enmarcan en un plan criminal previamente diseñado e implementado desde la estructura estatal, en el marco de una dictadura militar que contó con un importante apoyo e intervención de sectores civiles. Los responsables se valieron de este plan e integraron la maquinaria de impunidad que se montó desde el Estado para promover y encubrir sus crímenes”.

“Este juicio nos permite reafirmar que, pese a los intentos por frenarlo, excluir a los jueces, dilatar las audiencias con planteos interminables e inentendibles, que aun así es posible avanzar para reafirmar la democracia y el valor de los Derechos Humanos que a unas minorías privilegiadas tanto molestan. Pero que resta mucho por hacer y que los juicios que vendrán deberán avanzar mucho más rápido que éste iniciado en agosto de 2018. A diez meses de aquel comienzo, la perspectiva de juicios de lesa humanidad que duren sólo pocos meses y brinden todas las garantías forman parte de la esperanza de una Argentina distinta que se avecina”.

“Si ello no ocurre, a cuarenta y tres años de los hechos pueden repetirse los aspectos negativos de esta causa, como fue la señal de la muerte de dos imputados impunes: Aníbal Roberto Colquhoun y Néstor Eduardo Tauro”.

“Muchos de los represores que mencionaremos hoy habían sido identificados por las y los sobrevivientes en la década del ochenta. Se acerca el momento de una sentencia que debió llegar antes. Esta sentencia no puede obviar que tanto el debate como la documentación evidenciaron que todavía hay centenares de represores que -mencionados o no mencionados por víctimas- se refugian en el silencio, ya sea amparados por un Gobierno cómplice que los protege o amparados por personajes del Poder Judicial que creen que no pasará nada si miran para otro lado o se hacen los distraídos con los genocidas”.

“Pedimos entonces, señoras juezas, señor juez, que la próxima sentencia exhorte a todos los poderes del Estado para avanzar en el nunca más, anhelado por la mayoría del pueblo argentino y que sólo se logrará con verdad y justicia”.

Nietos y nietas

“En relación a la calificación legal de los hechos que damnificaron a niñas y niños nacidos en cautiverio, sostuvimos que deben ser calificados como una privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con el delito de tormentos agravados, sosteniendo lo que señalamos en los requerimientos de elevación a juicio y de acuerdo a la fundamentación hecha durante este alegato”, resaltaron con respecto al plan sistemático de robo de bebés.

Delitos sexuales

“Sobre este tipo legal, tal como dijimos al tratar el caso n° 101, nos remitimos en todo al desarrollo efectuado por el Ministerio Público Fiscal”, en cuyo alegato se argumentó sobre la responsabilidad de los acusados en estos delitos, considerados crímenes autónomos.

“Compartimos el criterio de que debe calificarse de en los términos del artículo del artículo 119 con el agravante del artículo 122 del C.P. ley 11179 vigente al momento de los hechos: que agravaba esos casos cuando se produce el acceso carnal violento y sin posibilidad de resistencia de la víctima y cuando fuere cometido con el concurso de dos o más personas”.

Delitos de lesa humanidad

“Finalmente, como ya dijéramos, corresponde decir que estos delitos configuran crímenes de lesa humanidad y como tales imprescriptibles. También señalamos que todas las conductas que mencionamos, han sido incluidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (art. 7)”.

Para finalizar nuestro alegato queremos citar una reflexión que volcamos en el libro publicado por el CELS y por el Centro Internacional para la Justicia Social titulado “Hacer Justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina”:

“Creemos firmemente en la capacidad potencialmente reparadora de la condena judicial de los delitos de lesa humanidad. Cada vez que una violación grave a los derechos humanos queda impune, cada vez que una herida irreparable de una víctima no encuentra en la justicia un marco de sentido que la diferencie de sus victimarios, el sistema de justicia todo no está a la altura de sus funciones. Así como la existencia de atrocidades hace necesaria la regulación de la ley, el ejercicio pleno de los derechos y la condena de los crímenes permite la reformulación de los vínculos sociales dañados en tiempos de horror”.

La humanización de la sociedad internacional se abrió paso a través de juicios como éste que en breve finalizará. Sean los de Nüremberg, los de Tokio, nuestro juicio a las Juntas, los más de 200 juicios de lesa humanidad celebrados en la Argentina y los cientos que se desarrollan en distintas partes del mundo, los grandes dictadores y los numerosos aliados y socios que los acompañaron, ruegan por la amnesia, los indultadores o los predicadores del 2 x 1. Las víctimas, los familiares, los organismos, la historia del Movimiento por los Derechos Humanos, reclama una vez más que sobre el pasado de la ESMA, y en cada uno de sus rincones, se grite nuevamente Justicia.
Antes de realizar el pedido de condenas, solicitaron que “se exhorte al Juzgado federal de instrucción a que avance en la investigación de la responsabilidad de suboficiales y de integrantes del grupo de tareas listados en la resolución COAR “S” 745/78, y que se disponga el contralor solicitado de los arrestos domiciliarios y las evaluaciones periódicas del peligro de fuga, en los términos desarrollados”.

El pedido de condenas

En coincidencia con el Ministerio Público Fiscal, el CELS solicitó:

Prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Horacio Luis Ferrari, Rául Armando Cabral, Miguel Conde, Carlos Mario Castellví, Carlos Néstor Carrillo, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza y Ramón Roque Zanabria, y la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en el mismo tiempo de la condena para Claudio Vallejos (en su caso la pena está limitada por el acuerdo de extradición desde Brasil).

La próxima audiencia se realizará el lunes 24 de junio a las 10:00.