El fiscal Félix Crous continuó con su exposición sobre la responsabilidad de cada acusado y al finalizar solicitó las condenas. Todos son juzgados por primera vez por delitos de lesa humanidad. La fiscalía señaló la participación en los crímenes, como secuestro, torturas, homicidios, robo de bebés y delitos sexuales.

Raúl Amando Cabral

La fiscalía alegó que Cabral, agente de la Policía Federal Argentina y conocido dentro del centro clandestino como “Tiburón”, pasó en comisión a la ESMA el 7 de enero de 1977 y “sin duda fue parte integrante del grupo de la Policía Federal Argentina que actuó en la ESMA”, junto con los ya condenados por delitos de lesa humanidad Ernesto Frimón Weber y Juan Carlos Fotea.

Además de la comisión, el fiscal afirmó que Cabral se encuentra en la misma resolución firmada por Emilio Eduardo Massera para entregar reconocimientos por su participación en el grupo de tareas (GT) que incluyó a varios imputados y condenados por delitos de lesa humanidad.

Cabral fue señalado como integrante del grupo de tareas de la ESMA en los listados históricos realizados por sobrevivientes del centro clandestino, y varios lo han identificado por su nombre o su apodo. Además, se lo ubica en operativos de secuestro y asesinato, como los de Rodolfo Walsh y María Mercedes Bogliolo.

“Los verdes”

Félix Crous realizó una descripción de estos represores. Comenzó con una frase de Luis Mendía, entonces jefe de Operaciones Navales, quien aseguró que de la Escuela de Mecánica de la Armada “solo los aspirantes y docentes no participaron”, mientras que casi 2.000 personas estuvieron en “las acciones en la base de tareas”. En este sentido, la fiscalía sostuvo que a partir de la conformación del grupo de tareas, la compañía de Vigilancia y Seguridad quedó bajo su mando y esto nutrió de personal al GT. Así, los imputados se insertaron en la estructura represiva y, en general, fueron estudiantes separados de sus cursos que realizaron tareas esenciales durante el funcionamiento del centro clandestino.

Esta separación “por razones de servicio” fue el eufemismo que se usaba en las disposiciones de la ESMA para que estos cabos y estudiantes pasaran a la estructura del grupo de tareas. En este sentido, la documentación secreta de la Fuerza ha servido para identificarlos, como las actuaciones de justicia, entre ellas el “expediente Colquhoun”, “escondido en un cuarto destinado a guardar pintura”, y descubierto por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

Este expediente ya había sido utilizado como prueba en el juicio anterior de la Megacausa para establecer la actuación de los represores durante la última dictadura cívico-militar. Esta documentación detalla una situación en la que se acusaba a Néstor Carrillo, Ramón Roque Zanabria, Jorge Luis María Ocaranza, José Luis Iturri y Néstor Eduardo Tauro -estaba imputado en este proceso judicial, pero falleció sin ser juzgado- de haberse quedado con algunos bienes que el GT se había robado de los domicilios de detenidos-desaparecidos. En este sentido, en el sumario se mencionan algunos nombres ya conocidos en la ESMA: Alberto González, Gustavo Alberto Lynch Jones y Néstor Savio, entre otros. Asimismo, la participación de Tauro y Ocaranza fue mencionada por Rodolfo Walsh en un despacho de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA).

El fiscal afirmó que “ha quedado probada la presencia de Carlos Néstor Carrillo, Ramón Roque Zanabria, Jorge Luis María Ocaranza y José Luis Iturri en el centro clandestino de detención”.

Según los testimonios de sobrevivientes, “los verdes” eran quienes custodiaban en Capucha a las personas secuestradas: repartían la comida, llevaban a los detenidos-desaparecidos al baño o al balde, los vigilaban mientras los llevaban a otros lugares del centro clandestino, entre otras tareas. Las declaraciones indicaron que algunos “no tenían escrúpulos”, “hacían lo que querían” y “nos dejaban esperando para ir al baño, nos pateaban la cabeza”.

Ramón Roque Zanabria

El Ministerio Público Fiscal recordó que el Zanabria reconoció que había cargado ropa y muebles y aparece mencionado en el “expediente Colquhoun”. Esto muestra “al acusado como miembro activo del grupo de tareas”, agregó.

El legajo de Zanabria, “un documento público válido” que no fue contradicho, indica que desde el 20 de diciembre de 1975 al 20 de diciembre de 1976 estuvo destinado a la ESMA. La fiscalía sostuvo que participó de todo lo que sucedió en el centro clandestino.

José Ángel Iturri

Según su legajo, fue separado del curso por razones de servicio. Esta disposición fue firmada por Rubén Jacinto Chamorro, director de la ESMA, y su ascenso estuvo acordado por él y por Jorge Acosta, miembro del grupo de tareas y ya condenado por los delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con el “expediente Colquhoun”, Iturri cargó cosas en el camión y el entonces teniente de Navío, Roberto Colquhoun, lo había autorizado a tomar algunos bienes para su uso personal.
El fiscal sostuvo que “la prueba lo ubica como integrante del grupo de tareas”.

José Luis María Ocaranza

A través de su legajo personal se sabe que desde 1975 a 1977 estuvo destinado a la ESMA con distintas funciones. Salvio Olegario Menéndez, entonces capitán de Corbeta, subdirector de la ESMA y miembro del GT, anotó en el legajo de Ocaranza que lo conocía “de otros destinos operativos” y que lo tuvo “en operaciones de combate real”. La fiscalía afirmó que “formó parte voluntariamente del grupo de tareas” y que “debe responder por todos los casos de ese periodo”.

Carlos Néstor Carrillo

Él mismo indicó que no estuvo en la ESMA porque estaba embarcado, pero su legajo marca el ingreso a la escuela en julio de 1975. Asimismo, desde enero de 1977 se señala su separación del curso. Su destino era la unidad de tareas 3.3.2 y fue calificado por Luis D’Imperio. La fiscalía sostuvo que “el análisis del legajo desmienten sus dichos”. Además, existen testimonios que lo ubican en el centro clandestino por sus apodos: “Cari” y “El salteño”.

Claudio Vallejos

Está imputado por el secuestro del embajador Héctor Manuel Hidalgo Solá. El acusado sostuvo que hizo el servicio militar obligatorio en el Batallón de Infantería de Marina III en La Plata y que no participó de “ninguna operación de la ESMA y menos de una detención”.

Sin embargo, la fiscalía toma como prueba las numerosas declaraciones suyas desde 1984 en adelante, tanto en medios de comunicación -revista La Semana, medios brasileros-, como en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y procesos judiciales. “La exactitud de su relato (…) solo resulta posible para alguien que ha participado del hecho”, afirmó Crous. Asimismo, Vallejos demostró tener otros conocimientos sobre el accionar de la última dictadura: la localización de otros centros clandestinos, algunos términos utilizados por los represores y los vuelos de la muerte, entre otros.

Autoría, responsabilidad y participación de los acusados

El Ministerio Público Fiscal ratificó que estos delitos fueron parte de un “plan diseñado y ejecutado por un aparato de poder” y que “los hechos se realizaron a través de la estructura militar”, “fuera de toda legalidad” y con la “previsión de impunidad”. Agregó que “los imputados controlaban una parte de la organización” y que por este motivo debían ser juzgados como coautores de los crímenes. Los acusados integraron “una unidad de combate que ejecutó actos criminales”, afirmó.

Crous sostuvo que el personal subalterno “fue separado de los cursos que realizaban y decidieron formar parte de la maquinaria de aniquilamiento” y consideró a la ESMA como un “crimen político” en el que los acusados fueron “los obreros de la muerte”, ya que sin su participación los delitos no podían haber ocurrido. Asimismo, la fiscalía calificó que “hay una perpetuación del tormento, siguen siendo torturadores” porque “nadie asumió nunca nada y todos eligieron callar”: “Es el último e íntimo disfrute de su crueldad”.

El pedido de condenas

Para el cálculo de la pena, el Ministerio Público Fiscal consideró que ésta “solo tiene sentido cuando trae sosiego a las víctimas” y aclaró que “el sufrimiento de las familias es algo que debemos tener en cuenta: este crimen no fue solo contra las víctimas, sino contra sus familias y las consecuencias continúan”. Sostuvo que los acusados “sabían que estos hechos eran manifiestamente delictivos” y “fueron cometidos con la previsión de la impunidad”.

“Estos hechos son hechos contra la humanidad. Quienes los cometieron son enemigos de la humanidad”, aseveró. Por último, consideró que “imponer una pena exigua sería banalizar lo que fue la aniquilación de miles de vidas”.

Raúl Armando Cabral: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos con el resultado de muerte, sustracción de menores, abuso y violación.

Carlos Mario Castellví: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos con el resultado de muerte, homicidio, sustracción de menores y violación.

Miguel Conde: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos con el resultado de muerte, homicidio, sustracción de menores, abuso y violación.

Carlos Néstor Carrillo: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos con el resultado de muerte, homicidio, sustracción de menores y violación.

Horacio Luis Ferrari: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, sustracción de menores y violación.

José Luis Iturri: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos con el resultado de muerte, homicidio, sustracción de menores, abuso y violación.

Jorge Luis María Ocaranza: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos con el resultado de muerte, homicidio, sustracción de menores, abuso y violación.

Ramón Roque Zanabria: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos con el resultado de muerte, homicidio, sustracción de menores, abuso y violación.

Claudio Vallejos: seis años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad. En este caso, la fiscalía señaló que el pedido se condiciona por el acuerdo de extradición desde Brasil con el que Vallejos fue regresado a la Argentina para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.

Los alegatos de las querellas comenzarán el lunes 3 de junio a las 10:00.