El Ministerio Público Fiscal inició la etapa de alegatos de la cuarta parte del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA.

La fiscalía mantendrá la ponderación de la materialidad que realizó la acusación en la etapa anterior a este juicio. Los delitos cometidos en este centro clandestino se enmarcan, entonces, en un “plan sistemático de desaparición de personas”, los que constituyen crímenes de lesa humanidad.

La Armada Argentina

Con este objetivo, distintos planes y directivas de la Armada Argentina, como el Placintara de 1975 (Plan de Capacidades Interno de la. Armada de la República Argentina), tendieron a organizar a la fuerza para llevar adelante el plan represivo. En este sentido, los miembros de la ESMA formaron parte de la fuerza de tareas 3 -agrupación Buenos Aires, dentro de ésta se incluía el Grupo de Tareas 3.3 y en su interior las unidades de tareas 3.3.1 y 3.3.2. Así, la ESMA tuvo un rol operativo, fue una unidad de combate.

El grupo de tareas 3.3 y la ESMA

La fiscalía sostuvo que el funcionamiento del grupo de tareas ha quedado acreditado en las etapas anteriores del juicio. Destacó la participación en el grupo de no solo miembros de la Armada, sino también de otras fuerzas, como el Ejército, la Prefectura y miembros de la Policía Federal Argentina. También recalcó la estrecha vinculación entre el personal especializado de Inteligencia con la fuerza de tareas. El fiscal, Félix Crous, mencionó como objetivo principal la “eliminación de organizaciones políticas consideradas subversivas”.

Las acciones del grupo de tareas, entonces, afectaron “a la vida, a la libertad, a la integridad y a la integridad sexual y a los bienes de las víctimas”, afirmó Crous. También se refirió al plan sistemático de sustracción de niños y niñas. Hubo un “total dominio de los captores sobre las víctimas”, quienes se encontraban en “total estado de indefensión”. Con esta finalidad, se buscó una “deshumanización total del víctima y se la presentaba a la sociedad como una acechanza”.

Los hechos

El Ministerio Público Fiscal presentó en esta audiencia aquellos casos nuevos que entraron en esta instancia del juicio y que no habían sido juzgados previamente. Los delitos que fueron cometidos contra las víctimas: privación ilegal de la libertad, tormentos, entre otros.

Héctor Hidalgo Solá (caso 329): embajador en Venezuela. Continúa desaparecido. Hay testimonios que confirman su cautiverio en el centro clandestino. La fiscalía recordó que la Cancillería en ese momento se encontraba a cargo de la Marina.

Sebastián Teodoro Pardo (caso 906): su secuestro tuvo como objetivo capturar a su hijo, Marcelo (caso 779). Sebastián Teodoro sobrevivió y testimonió sobre su secuestro.

Mabel Susana Sánchez (caso 909): Mabel tenía 22 años cuando fue secuestrada, torturada y después liberada. Es la hermana de Luis Rodolfo Sánchez (caso 868).

María Teresita Acosta (caso 915) y Natalia Domínguez (caso 916): Natalia tenía 3 años cuando fue secuestrada junto con su madre y luego fueron liberadas. Estos casos están relacionados con el secuestro de Horacio Martín Domínguez (caso 561), marido y padre de las víctimas.

Mario Ángel Morán (caso 918), Elba Susana Guerrero (caso 919) y Alejandra Ofelia Martín (caso 920): fueron secuestradas, torturadas e interrogadas en la ESMA, luego fueron liberadas.

Mirta Noemí Román (caso 921): fue secuestrada cuando tenía 18 años y estaba embarazada. Estuvo secuestrada 4 meses. Sus hermanos Rubén Omar (caso 725) y Leonardo (caso 726) también estuvieron secuestrados.

Francisco (caso 922) y Esteban Mazzuco  (caso 923): son los hijos de Carlos Guillermo Mazzuco (caso 246) y Patricia Eugenia Álvarez Abdelnur (caso 866), quienes siguen  desaparecidos. Este es un caso de sustracción y tormentos, Francisco tenía 4 meses; Esteban fue secuestrado en dos ocasiones.

Pablo Ricardo Cánepa (caso 924) y Teresa del Valle Dip de Cánepa (caso 925): ambos siguen desaparecidos. Pablo era un pintor de nacionalidad uruguaya y Teresa era oriunda de Tucumán.

Pedro Rodolfo Skupch (caso 926): luego de su secuestro se exilió con su familia.

Juan Héctor Marsicovetere (caso 927) estuvo secuestrado en la ESMA y fue liberado.

Ramón García Ulloa (caso 928) y Dolores del Pilar Iglesias Caputo (caso 929): uno de los objetivos de este operativo fue el robo de los bienes del domicilio de la pareja. Ambos siguen desaparecidos.

Mónica Liliana Goldstein (caso 930): tenía 27 años, fue secuestrada y continúa desaparecida. Al igual que Ulloa y Caputo, uno de los objetivos de este operativo fue el robo de los bienes de la víctima.

Laura Méndez (caso 931): fue secuestrada junto con su padre, Orlando René Méndez (caso 117), cuando tenía meses de edad. Su madre, Leticia Oliva, fue secuestrada posteriormente. Orlando sigue desaparecido; el cuerpo de Leticia fue inhumado como NN en el Cementerio Municipal de Magdalena.

Ruth María Sannemann (caso 932) y Gladis Meilinger de Sannemann (caso 933): Gladys era la madre de Ruth, ambas fueron secuestradas y llevadas al centro clandestino. Pudieron comunicarse con un familiar quien se contactó con la embajada alemana en Buenos Aires y esas gestiones lograron que fueran liberadas.

Responsabilidad de los imputados

Miguel Conde, alias “Carames” o “Cortez” o “pelado Cortes”

El Ministerio Público Fiscal afirmó que Conde estuvo designado como personal civil de inteligencia del Ejército en el Batallón de Inteligencia 601, que desde julio de 1976 recibió una bonificación por actividad riesgosa, ordenada por el jefe de Inteligencia. El batallón fue el núcleo central de las actividades de Inteligencia y Conde fue su representante en la ESMA. “Empezó su carrera por recomendación de Carlos Antonio Españadero”, refirió Crous. Españadero también era parte del batallón y se infiltró en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Conde fue identificado por varios sobrevivientes. “Fue un cuadro de la estructura represiva y dentro del grupo de tareas 3.3”, afirmó la fiscalía.

La próxima audiencia será el lunes 20 desde las 9:30.