“Uno va construyendo su identidad con distintos elementos: relatos, documentación, entre otros. A mis 22 volví a ese lugar de la calle Lambaré y pude verificar lo que yo tenía en mis recuerdos”, dijo Yamila Zavala Rodríguez (caso 907), quien relató que toda su familia fue víctima directa de la última dictadura cívico-militar.

El 22 de diciembre de 1976, en la calle Lambaré al 1000, en la ciudad de Buenos Aires, mataron a su padre, Miguel Ángel Zavala Rodríguez (caso 166), ex diputado nacional, enfrente de ella, su hermana, Gimena Zavala Rodríguez (caso 908) y su madre, Olga Irma Cañueto (caso 819), quien sigue desaparecida.

Las hermanas Zavala Rodríguez tenían 2 y 3 años: “Nos dejan ahí un rato, estuvimos en la calle. Por dichos de mi familia, sabemos que fuimos llevadas a una comisaría y luego fuimos llevadas al Instituto Mercedes de Lasala y Riglos, en la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Estuvimos ahí hasta el 13 ó 14 de marzo”, contó. Una vez que salieron del instituto, fueron criadas por sus abuelos maternos. “Mi familia hizo varios habeas corpus por nosotras y por mi mamá”, agregó. “El dato de que estábamos ahí le llega a mi tío Jorge Zavala por Florencio Varela. En los últimos años conseguimos una copia de los legajos de niñez de cada una, que tenía fotos nuestras y las huellas digitales. Según el legajo, estábamos a disposición de la Junta Militar y de la Justicia Militar; no podíamos recibir visitas”, describió.

Las hermanas Zavala Rodríguez no fueron las únicas niñas en pasar por ese instituto. Varios hijos/as de desaparecidos/as o asesinados/as relataron que fueron alojados/as allí. Actualmente, ahí funciona la Universidad de Moreno y está señalizado como sitio de memoria.

Yamila también rastreó las noticias periodísticas de la época de los diarios La Nación, Clarín y La Prensa: “A partir del 27 de diciembre salieron noticias con desinformación. Hablaban de enfrentamiento, omitían que estábamos nosotras y mi mamá. Faltaba una gran parte del relato. Fue directamente un exterminio lo que pasó”, dijo.

“El cuerpo de mi papá se lo entregaron a mi familia paterna con la condición de que no hicieran velorio”, narró. “La desaparición forzada es muy dolorosa. Siempre pensábamos que iba a aparecer, que tocaba a la puerta y aparecía. Uno se va haciendo a la idea, pero no del todo”, refirió.

“Es importantísimo lo que se está logrando. Los jueces tienen un rol fundamental en este momento de justicia para que nunca más tengamos terrorismo de Estado. Y gracias a los organismos de derechos humanos y a los sobrevivientes podemos decir que estamos de pie y que no vamos a cansarnos”, finalizó.

Luego declaró un testigo de la defensa, que tuvo una relación de conocimiento con uno de los imputados: Carlos Mario Castellví. Relató que durante el segundo semestre de 1979 y principios de 1980 Castellví trabajó como gerente de una empresa de pesca en Puerto Deseado, Santa Cruz, donde también cumplía funciones el testigo. El hermano del testigo tiene una relación cercana con el imputado.

La próxima audiencia se realizará el lunes 22 de abril desde las 9:30.